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Muchos pobres no saben cómo hacer valer sus derechos

      
<b>Por Pilar González</b>.<br><br>Por tercer año consecutivo, la Escuela de Administración y Economía de la <b><a href=http/:www.ucsh.cl class=blacklinks target=_blank>Universidad Católica Silva Henríquez</a></b> dio a conocer los resultados de la investigación "Percepción de la población pobre de Santiago sobre los derechos de las personas en Chile, al año 2005 y visión evolutiva respecto de los años 2004 y 2003", que entrevistó a personas de los sectores más pobres de la capital.<br><br>A cargo del investigador Marcelo Yañez, el estudio recoge los sentimientos de vulnerabilidad, inequidad y exclusión social de los 367 encuestados, pertenecientes a las comunas de Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, La Pintana, Lo Espejo y San Joaquín.<br><br>El muestreo se realizó durante los últimos dos meses del año 2005 y los resultados fueron comparados con los obtenidos en los estudios anteriores correspondientes a los años 2003 y 2004, con la finalidad de establecer políticas públicas orientadas a la salud, educación, seguridad y deportes, entre otras.<br><br>Según lo señalado en la investigación, el 68% de las personas encuestadas no sabe cuáles son sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución Política. No obstante, según lo indicado por Marcelo Yañez. "Sí bien la gente pobre tiene bastante claro cuáles son esos cuatro o cinco derechos que, según ellos, son necesidades que deben quedar resueltas, muchos no conocen las vías legales para hacerlos valer".<br><br>Sobre este último punto, el docente de la UCSH indicó que no cabe duda que la gente sabe que la educación es un derecho esencial, porque ello les permite obtener un trabajo bien remunerado y de esta forma superar la condición de pobreza en la que viven.<br><br>Entre las limitantes para el libre ejercicio de estas garantías destaca el desconocimiento generalizado, la falta de recursos, la condición de pobreza y no saber a qué lugar acudir para solicitar ayuda en caso de vulnerabilidad. <br><br>Asimismo, el estudio indicó que un tercio de las personas testeadas no acude a ningún sitio para solicitar ayuda y de los dos tercios que sí lo hacen, el 61% considera que sus problemas no fueron resueltos por las autoridades competentes. De esta forma, el estudio reveló que el 80% de las personas de escasos recursos que respondieron creen que las leyes deben ser más drásticas.<br><br>En cuanto a la evaluación de las entidades que aseguran el respeto a los derechos de las personas, la Iglesia, colegios, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia <b><a href=http/:www.unicef.cl class=blacklinks target=_blank>(Unicef)</a></b>, agrupaciones de derechos humanos y el Servicio Nacional de la Mujer <b><a href=http/:www.sernam.gov.cl class=blacklinks target=_blank>(Sernam)</a></b>, mantuvieron una buena evaluación en comparación con los dos estudios anteriores, mientras que los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, senadores, diputados y el <b><a href=http/:www.minjusticia.cl class=blacklinks target=_blank>Ministerio de Justicia</a></b>, continuaron con las bajas calificaciones en cuanto a la protección y resguardo de estas garantías.<br><br>Esta investigación señaló además que tres de cada cuatro personas consideran que la condición económica influye en el uso de sus derechos y su posición de poder. En cuanto a los derechos menos percibidos como tales, destacan la presunción de inocencia, libertad de opinión y acceso a cargos públicos, y por último derecho a justicia imparcial e independiente.
Por Pilar González.

Por tercer año consecutivo, la Escuela de Administración y Economía de la Universidad Católica Silva Henríquez dio a conocer los resultados de la investigación "Percepción de la población pobre de Santiago sobre los derechos de las personas en Chile, al año 2005 y visión evolutiva respecto de los años 2004 y 2003", que entrevistó a personas de los sectores más pobres de la capital.

A cargo del investigador Marcelo Yañez, el estudio recoge los sentimientos de vulnerabilidad, inequidad y exclusión social de los 367 encuestados, pertenecientes a las comunas de Conchalí, El Bosque, Estación Central, Huechuraba, La Cisterna, La Pintana, Lo Espejo y San Joaquín.

El muestreo se realizó durante los últimos dos meses del año 2005 y los resultados fueron comparados con los obtenidos en los estudios anteriores correspondientes a los años 2003 y 2004, con la finalidad de establecer políticas públicas orientadas a la salud, educación, seguridad y deportes, entre otras.

Según lo señalado en la investigación, el 68% de las personas encuestadas no sabe cuáles son sus derechos fundamentales resguardados por la Constitución Política. No obstante, según lo indicado por Marcelo Yañez. "Sí bien la gente pobre tiene bastante claro cuáles son esos cuatro o cinco derechos que, según ellos, son necesidades que deben quedar resueltas, muchos no conocen las vías legales para hacerlos valer".

Sobre este último punto, el docente de la UCSH indicó que no cabe duda que la gente sabe que la educación es un derecho esencial, porque ello les permite obtener un trabajo bien remunerado y de esta forma superar la condición de pobreza en la que viven.

Entre las limitantes para el libre ejercicio de estas garantías destaca el desconocimiento generalizado, la falta de recursos, la condición de pobreza y no saber a qué lugar acudir para solicitar ayuda en caso de vulnerabilidad.

Asimismo, el estudio indicó que un tercio de las personas testeadas no acude a ningún sitio para solicitar ayuda y de los dos tercios que sí lo hacen, el 61% considera que sus problemas no fueron resueltos por las autoridades competentes. De esta forma, el estudio reveló que el 80% de las personas de escasos recursos que respondieron creen que las leyes deben ser más drásticas.

En cuanto a la evaluación de las entidades que aseguran el respeto a los derechos de las personas, la Iglesia, colegios, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), agrupaciones de derechos humanos y el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), mantuvieron una buena evaluación en comparación con los dos estudios anteriores, mientras que los partidos políticos, las Fuerzas Armadas, senadores, diputados y el Ministerio de Justicia, continuaron con las bajas calificaciones en cuanto a la protección y resguardo de estas garantías.

Esta investigación señaló además que tres de cada cuatro personas consideran que la condición económica influye en el uso de sus derechos y su posición de poder. En cuanto a los derechos menos percibidos como tales, destacan la presunción de inocencia, libertad de opinión y acceso a cargos públicos, y por último derecho a justicia imparcial e independiente.

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