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Aprobada ley que otorga facultades financieras a universidades estatales

      
El ministro de Educación, Sergio Bitar, anunció la aprobación, por parte del Congreso Nacional, del Proyecto de Ley que establece Facultades en Materias Financieras para las Universidades Estatales. La iniciativa busca flexibilizar y modernizar las instituciones de educación superior para mejorar su desarrollo institucional. <br><br>La ley, solicitada expresamente por los rectores de las casas de estudios, contempla tres elementos principales:<br><br>1) Autoriza la reestructuración de la deuda, en un período de 20 años, acumulada a diciembre del 2004 para las universidades del Estado. De esta forma, las instituciones podrán contratar préstamos debidamente licitados para restaurar la condición financiera existente hasta la fecha anteriormente señalada. Esto permitirá reestructurar la deuda estimada hasta el momento en 65 mil millones de pesos.<br><br>El préstamo será con cargo al patrimonio de la respectiva casa de estudios y no puede exceder los 20 años. El monto de deuda de las universidades se establecerá mediante decreto del MINEDUC que deberá llevar la firma del ministerio de Hacienda. A su vez, permite que la renegociación anual con tasas más elevadas que poseen las instituciones pueda ser extendida a largo plazo con la posibilidad de establecer tasas más bajas de interés. <br><br>2) Permite la renovación de los equipos docentes y de investigación de las instituciones estatales, tanto en su calidad de contrata como de planta. Las universidades tendrán la facultad de definir bonificaciones en el caso de retiro voluntario para funcionarios a contrata o de carrera y que al momento de la promulgación de la ley tengan más de 65 años (hombres) y 60 años (mujeres) y que comuniquen su decisión de renunciar en forma voluntaria. Este punto fue solicitado por las autoridades de las universidades para renovar personal más calificado y que posea postgrados, magíster y doctorados.<br><br>Los beneficiarios podrán acceder a un mes de remuneración, por cada año y fracción superior a seis meses prestando servicios a la casa de estudios. El límite son 11 meses. Para pagar esta indemnización se calculará el promedio de remuneración obtenida en los últimos 12 meses anteriores a la promulgación de la ley y que se actualizará según el IPC. Este pago lo realizará la universidad y no será imponible, y no se considera renta para ningún efecto legal.<br><br>Los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo mencionado anteriormente, no podrán ser contratados nuevamente en la universidad en la que prestaban servicios, durante los cinco años siguientes al término de la relación laboral, a menos que previamente devuelvan el total de la bonificación percibida con los intereses correspondientes.<br><br>A su vez, los académicos que hayan alcanzado la calidad de profesor emérito u otra equivalente sí podrán ser contratados por la casa de estudios respectiva en la modalidad que la institución defina. Esto debido a su calidad de docente en beneficio de la institución.<br><br>3) Ordena elaborar información pública presentada de forma comprensible y entendible a la opinión pública para dar cuenta de los recursos del Estado. "Esta norma se refiere sólo a las universidades estatales, pero es opinión del Gobierno que debe extenderse a todas las universidades que reciben recursos del Estado, por tanto aspiro a que todas las instituciones que integran el Consejo de Rectores ajusten la presentación de sus antecedentes a la nueva normativa", afirmó el ministro Bitar.<br><br>Fuente: <i>Mineduc</i>
El ministro de Educación, Sergio Bitar, anunció la aprobación, por parte del Congreso Nacional, del Proyecto de Ley que establece Facultades en Materias Financieras para las Universidades Estatales. La iniciativa busca flexibilizar y modernizar las instituciones de educación superior para mejorar su desarrollo institucional.

La ley, solicitada expresamente por los rectores de las casas de estudios, contempla tres elementos principales:

1) Autoriza la reestructuración de la deuda, en un período de 20 años, acumulada a diciembre del 2004 para las universidades del Estado. De esta forma, las instituciones podrán contratar préstamos debidamente licitados para restaurar la condición financiera existente hasta la fecha anteriormente señalada. Esto permitirá reestructurar la deuda estimada hasta el momento en 65 mil millones de pesos.

El préstamo será con cargo al patrimonio de la respectiva casa de estudios y no puede exceder los 20 años. El monto de deuda de las universidades se establecerá mediante decreto del MINEDUC que deberá llevar la firma del ministerio de Hacienda. A su vez, permite que la renegociación anual con tasas más elevadas que poseen las instituciones pueda ser extendida a largo plazo con la posibilidad de establecer tasas más bajas de interés.

2) Permite la renovación de los equipos docentes y de investigación de las instituciones estatales, tanto en su calidad de contrata como de planta. Las universidades tendrán la facultad de definir bonificaciones en el caso de retiro voluntario para funcionarios a contrata o de carrera y que al momento de la promulgación de la ley tengan más de 65 años (hombres) y 60 años (mujeres) y que comuniquen su decisión de renunciar en forma voluntaria. Este punto fue solicitado por las autoridades de las universidades para renovar personal más calificado y que posea postgrados, magíster y doctorados.

Los beneficiarios podrán acceder a un mes de remuneración, por cada año y fracción superior a seis meses prestando servicios a la casa de estudios. El límite son 11 meses. Para pagar esta indemnización se calculará el promedio de remuneración obtenida en los últimos 12 meses anteriores a la promulgación de la ley y que se actualizará según el IPC. Este pago lo realizará la universidad y no será imponible, y no se considera renta para ningún efecto legal.

Los funcionarios que cesen en sus empleos por aplicación de lo mencionado anteriormente, no podrán ser contratados nuevamente en la universidad en la que prestaban servicios, durante los cinco años siguientes al término de la relación laboral, a menos que previamente devuelvan el total de la bonificación percibida con los intereses correspondientes.

A su vez, los académicos que hayan alcanzado la calidad de profesor emérito u otra equivalente sí podrán ser contratados por la casa de estudios respectiva en la modalidad que la institución defina. Esto debido a su calidad de docente en beneficio de la institución.

3) Ordena elaborar información pública presentada de forma comprensible y entendible a la opinión pública para dar cuenta de los recursos del Estado. "Esta norma se refiere sólo a las universidades estatales, pero es opinión del Gobierno que debe extenderse a todas las universidades que reciben recursos del Estado, por tanto aspiro a que todas las instituciones que integran el Consejo de Rectores ajusten la presentación de sus antecedentes a la nueva normativa", afirmó el ministro Bitar.

Fuente: Mineduc
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