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La propuesta de Marco Enríquez-Ominami busca centrar el eje en un sistema enfocado en las personas que consta de tres líneas: Propuesta de Financiamiento Compartido, Política progresista para un Cambio en el Sistema de Acreditación Universitaria en Chile y Política progresista de Acceso a la Universidad.


Propuesta de Financiamiento Compartido


Uno de los principales objetivos de este candidato es revalidar la educación pública, para ello propone:


I.    Aumentar la subvención base (o de escolaridad):
Para determinar el monto de la subvención mínima requerida se consideró el pago por estudiante (mensualidad más subvención) de quienes pertenecen al decil de mayor ingreso
A partir de esto, los montos propuestos quedaron determinados por:
Enseñanza básica: $79.588 (4,17 USE), aumento promedio de un 46% de la actual.
Enseñanza media: $89.667 (4,69USE), aumento promedio de un 38% de la actual.


II.    Eliminar el financiamiento compartido:
Propone un proyecto de ley que prohíba el cobro de mensualidad a estudiantes que asistan a establecimientos que reciben aporte del Estado. Para reemplazar la disminución de ingresos que actualmente se encuentran en esta categoría, se considera el punto anterior.


III.     Eliminar el lucro con financiamiento público:
El objetivo del sistema educacional debe ser la calidad de la educación impartida, por lo tanto, la existencia de lucro en los establecimientos educacionales, desvían el foco de este objetivo, orientándolo a resultados financieros de la institución.


IV.    Transformar la subvención por asistencia a subvención por matrícula:
Este sistema genera incentivos para que los establecimientos manipulen información sobre la asistencia real de los estudiantes. Propone cambiar el foco de la subvención hacia la matrícula escolar con que cuenta el estable cimiento para un periodo.

 

Política progresista para un cambio en el Sistema de Acreditación Universitaria en Chile


Considerando que el actual sistema no discrimina ya que en enero de 2010, un 93% de las universidades existentes se encontraban acreditadas, el candidato propone instaurar una acreditación obligatoria y vinculante para todas las casas de estudios del país. En caso de no cumplir con los requisitos, la institución quedará imposibilitada de impartir cursos y matricular a nuevos estudiantes.


También sostiene la necesidad de modificar la estructura actual que contempla tres líneas de validación: Acreditación Institucional, de Carreras y de Programas de Postgrado, remplazándola por Pregrado, Postgrado e Investigación, obligatoria cada una de ellas para la institución que desee impartir los programas correspondientes.


A la vez, propone eliminar el contacto entre universidad y agencia acreditadora (hoy las instituciones contratan a las agencias que luego las acreditan), siendo el  Ministerio de Educación el único intermediario entre ambos actores.


Política progresista de Acceso a la Universidad


El candidato propone cambiar el sistema de acceso a la educación superior, con el fin de  promover la movilidad social. Para ello busca generar una vía alternativa de acceso para universidades estatales y privadas que reciban financiamiento del Estado: los estudiantes de establecimiento de mayor vulnerabilidad podrán asistir durante los últimos dos años a un sistema de bachillerato complementario a su formación escolar. El acceso a la universidad se determinará por los resultados académicos en el bachillerato, además de las notas de enseñanza media. Un 5% de la matrícula de cada institución debe ser originada por esta vía.


También propone aumentar la ponderación del puntaje de Notas de Enseñanza Media (NEM) a un 40% del puntaje final. Este cálculo deberá ser más complejo,  y una generación de un ranking de acuerdo a tipo de establecimiento, agrupados de acuerdo a su dependencia administrativa,



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