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El profesor de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Sergio Martinic, ha tenido un papel destacado en la puesta en marcha del proyecto que reemplazaría a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, conocida como LOCE. Participó tanto en la Comisión Asesora de Educación como en la elaboración de las bases de la nueva Ley General de Educación. Por lo tanto, conoce de los consensos ciudadanos en torno al tema educativo que fueron recogidos por el Consejo Asesor y que marcaron el contexto cultural del proyecto de ley. Además, sabe de los objetivos, espíritu y principales aspectos de la propuesta.

Entre esos consensos está la necesidad de avanzar hacia un sistema educativo menos segmentado, más inclusivo, de repensar el tema de la gestión de la educación pública y de mejorar la formación continua de profesores. También existe acuerdo respecto a la necesidad de cambiar el actual marco regulatorio. "Porque lo que existe no tuvo ningún debate. La actual LOCE es una ley que fue aprobada de un día para otro a finales del gobierno de Pinochet sin mucha discusión, aunque en el tiempo esa ley también ha tenido transformaciones. La LOCE actual es bien distinta a las del '89. Quiero destacar la importancia del debate y dentro de eso la importancia de conocer el proyecto", señaló Martinic en un foro recientemente organizado por la Facultad de Educación de la UC.

El especialista hizo un resumen del proyecto ante los alumnos y profesores que se reunieron para debatir acerca de la Ley General de Educación. En el encuentro, organizado por la Facultad de Educación de la UC, intervinieron además Erika Himmel, decana de la Facultad; el abogado Victor Manuel Cifuentes; y el profesor y organizador del foro, Eugenio Rodríguez.

En su intervención, la profesora Erika Himmel se refirió a las implicancias que tiene para la estabilidad de los cambios transformar una ley que es orgánica en una ley general. Sostuvo que el sistema educacional es extremadamente lento para consolidar sus transformaciones y que requiere de horizontes de tiempo de más de quince años para lograrlo. Los tiempos políticos, en cambio, son considerablemente más breves, entre cuatro y ocho años. "Yo pensaría que una ley general está más expuesta a cambios durante procesos de transformación y, por lo tanto, le da poca estabilidad a las transformaciones que se quieren implementar", dijo.

También cuestionó la autonomía del nuevo Consejo Nacional de Educación. De sus trece miembros, cuatro son designados por una terna nombrada por la Presidenta de la República y cinco lo son por una terna del Ministerio de Educación.

Entre los objetivos generales de la ley, Martinic destacó la ampliación de las obligaciones del Estado, que ya no son sólo velar por el acceso de los estudiantes a la educación, sino por la calidad y los resultados. Consagra legalmente el concepto de equidad educativa y promueve la transparencia y rendición de cuentas del sistema. Y también resaltó el hecho de que establece derechos y deberes para todos los actores del sistema educativo. "No se está hablando de aumento en el control del Estado o de un aumento del estatismo, sino por el contrario, de un aumento de las obligaciones que tiene el Estado frente a la sociedad", dijo.

El profesor Rodríguez destacó, asimismo, la incorporación de la comunidad educativa como un elemento importante. "La calidad es una responsabilidad de la comunidad educativa. Y por tanto reubica temas que estaban sólo focalizados en el profesor o en el pensamiento de que las familias son las culpables o las responsables de la situación de la calidad", dijo.

Respecto al tema de los sostenedores, que ha sido uno de los puntos más debatidos públicamente, Martinic precisó que la ley busca garantizar que los recursos públicos que se entregan como subvención sean realmente destinados a educar a los niños. "La propuesta que hace la ley es homologar al sostenedor a una figura jurídica y la figura jurídica que a la ley le parece como ideal es la de la fundación sin fines de lucro, lo que no implica que no haya utilidades o que no se gane. Es una forma jurídica para cumplir la función de servir con recursos públicos un bien público", explicó.

La ley aspira a la existencia de un cuerpo de sostenedores comprometidos educativamente a largo plazo, que rindan cuenta de resultados tanto académicos como financieros en términos de la gestión. "Hoy día muchas de estas cosas se realizan con la gran mayoría de los sostenedores, pero en realidad es por la buena voluntad, no hay ningún marco que los obligue desde el punto de vista legal", dijo.

Fuente:Pontificia Universidad Católica de Chile / ML / FOM.